El gran rezago de la digitalización municipal: Solo el 6% de las alcaldías en México ofrece servicios transaccionales en línea
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En el marco de los balances del primer tercio del año sobre modernización administrativa en el país, el ecosistema de la gestión pública local enfrenta un profundo reto estructural. De acuerdo con una investigación publicada por investigadores de la Universidad Veracruzana (UV), la digitalización en los gobiernos municipales de México muestra una marcada disparidad. El análisis revela que, a pesar de los esfuerzos presupuestales, solo el 6% de los más de 2,400 municipios en la República ha consolidado servicios transaccionales completos, entendidos como portales interactivos donde el ciudadano puede pagar el impuesto predial, tramitar licencias de funcionamiento o solicitar actas sin necesidad de pisar una oficina gubernamental.
El estudio detalla que la inmensa mayoría de las plataformas digitales de los municipios se limitan a un nivel estrictamente informativo o de descarga de formatos estáticos. Esta brecha digital no solo ralentiza la recaudación de la Hacienda local, sino que fomenta esquemas de opacidad y eleva los costos de transacción para las micro y pequeñas empresas que buscan aperturar negocios o renovar permisos. Entre los factores críticos detectados que lastran este avance tecnológico en los ayuntamientos pequeños y medianos figuran la falta de personal técnico especializado en programación, la obsolescencia de los servidores de almacenamiento y la rotación constante de cuadros administrativos tras los relevos de las alcaldías.
Las implicaciones de esta investigación obligan a un rediseño de las estrategias de coordinación intergubernamental en las entidades federativas. Diversos organismos de fomento al federalismo, como el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), coinciden en que para revertir el rezago es urgente desarrollar plataformas modulares de código abierto que puedan ser adoptadas de forma económica y expedita por las demarcaciones de menores ingresos, impulsando esquemas cívicos de identidad única para que la transformación digital sea un derecho generalizado y no una ventaja exclusiva de los grandes centros urbanos del país.
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